“NINGÚN SISTEMA DE PENSIONES DE JUBILACIÓN ES INMUNE A LOS EFECTOS DEMOGRÁFICOS Y, EN ESPECIAL, AL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN”

Entrevista José Antonio Panizo Robles, Administrador Civil del Estado

-¿Cómo definiría el desarrollo de las pensiones en España a lo largo de la historia de nuestro país?

El desarrollo de las pensiones de la Seguridad Social en España puede definirse como la “historia de un éxito realizado a base de un importante esfuerzo solidario”. Éxito, porque desde la  implantación inicial de las pensiones públicas  en 1919  (dejando al margen los mecanismos de cobertura social implantados ya en 1900, si bien restringidos al ámbito de la reparación de las consecuencias de los accidentes de trabajo) y en un desarrollo progresivo se ha logrado que la práctica totalidad de las personas con 65 o más años tengan derecho y accedan a una pensión pública, que suele constituir la fuente principal de los ingresos del pensionista. Esfuerzo porque esa extraordinaria expansión de las pensiones públicas ha implicado a cuatro generaciones que han tenido que soportar el coste de esas pensiones.

Y en este esfuerzo solidario los actuales pensionistas y los que pronto lo seremos, tendríamos que agradecer la contribución sobre todo  de las dos primeras generaciones que, con sus cotizaciones, fueron dando soporte para las pensiones de quienes les sucederían  (en línea con su contribución al desarrollo del país). Mientras que ellos mismos percibieron unas pensiones de importes bastantes reducidos y, en buena parte del tiempo de disfrute de la pensión, sin ver actualizadas las cuantías de las mismas.

-De todas las prestaciones económicas que conforman el sistema de la Seguridad Social es la correspondiente a la jubilación aquella que tiene más incidencia teniendo en cuenta  el número de personas que la reciben. ¿Qué relevancia le da a aspectos como el aumento de la esperanza de la vida unido a las bajas tasas de natalidad para que el sistema de pensiones tenga que ser modificado para que sea sostenible?

España, casi desde sus inicios pero sobre todo con la implantación del actual sistema de la Seguridad Social desde el 1º de enero de 1967, optó por un modelo de pensiones basado en la modalidad de reparto (los ingresos de cada ejercicio han de hacer frente a las obligaciones existentes en el mismo) y en la solidaridad intergeneracional, modelo que lleva ínsito en sí mismo la reforma continua y la adecuación a la realidad social y económica existente en cada momento. Si el marco (demográfico, social o económico) que gravita sobre el sistema de pensiones ha cambiado, ese cambio va a incidir en el sistema de pensiones.

Se podría calificar el sistema de pensiones como una especie de ser vivo que, ante los cambios que se van produciendo a su alrededor, tiene dos alternativas: no hacer cada, con lo cual existirá cada vez mas separación entre las características y circunstancias del medio en el que se encuentra, con el peligro de su desaparición; o, por el contrario, ir adaptándose a ese medio cambiante, asegurando su supervivencia.

-¿En qué medida el envejecimiento influirá en el sistema público de pensiones?

Me voy a referir a la pensión de jubilación, ya que es aquella en la que el fenómeno del envejecimiento tiene una mayor incidencia. El sistema de pensiones públicas de jubilación tiene como finalidad otorgar una renta –pensión- que, por lo general, tiene un componente vitalicio, es decir, que el pensionista va a percibir esa pensión de jubilación hasta el momento de su fallecimiento. Por ello, cuanto más pronto acceda a la pensión de jubilación y cuanto más tiempo esté percibiendo la pensión, tales hechos tienen un reflejo inmediato en el coste de esas pensiones y en los Presupuestos de la Seguridad Social

De ahí, la importancia del envejecimiento sobre los sistemas de pensiones de jubilación. Pero, permítanme una aclaración previa. El envejecimiento no afecta solo a las pensiones públicas, basados en la modalidad de reparto, sino también a las pensiones, sean públicas o privadas, Articuladas a través de la modalidad de capitalización. A veces, se ha querido defender la transformación del sistema español de pensiones por otro basado en la capitalización, aduciendo que este último sistema está al margen de las variaciones que sufra la demografía, pero como ponen de manifiesto  los estudios realizados sobre esta cuestión (y yo diría que también el sentido común) ningún sistema de pensiones de jubilación es inmune a los efectos demográficos y, en especial, al envejecimiento de la población.

Pero que exista esa incidencia entre envejecimiento y pensiones de jubilación no podría ni debería llevarnos –como a veces se hace desde posiciones bastante interesadas- a sostener la imposibilidad de mantener el sistema de pensiones, sino, en todo caso, a poner las medidas que permitan dar una mayor viabilidad a ese sistema, considerando la importancia que tiene al constituir el soporte de ingresos de millones de personas, con los efectos directos de orden social (no hay más que tener en cuenta el importante papel que las pensiones están jugando en las redes de solidaridad familiar, en estos momentos de profunda crisis económica, con sus efectos en el desempleo de cientos de miles de trabajadores) o económico (con el papel que juega el consumo de los pensionistas o la elevada tasa de ahorro de los mimos).

-La sostenibilidad de las pensiones es algo que preocupa a quienes cotizan a la Seguridad Social. ¿Está en peligro la pérdida de poder adquisitivo del trabajador ante la actual situación?

La sostenibilidad del sistema de pensiones y la adecuación de sus cuantías son dos de los ejes que conforman los ejes de la reforma que, en la práctica totalidad de los sistemas de pensiones se están llevando a cabo en buena parte de los países de la Unión Europea, en base a las orientaciones del “Libro Blanco sobre pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”. De nada valdría tener el sistema de pensiones más acabado y que ofrezca las mejores pensiones, si ese sistema no puede mantenerse en el tiempo.

En cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, se trata de una cuestión altamente sensible. Desde su establecimiento inicial, no siempre las pensiones se han actualizado y, cuando lo hicieron, no estaba garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo de los importes de las pensiones. La adecuación de las cuantías de las pensiones a la evolución de los precios es algo que se inicia en el año 1985 (si bien inicialmente solo para las pensiones que se causaron conforme a la Ley 16/1985, de 31 de julio), que se establece en la práctica, y para la totalidad de las pensiones, desde el ejercicio 1989 a 1996, y que se consolida a nivel legal y d forma permanente, tras el Pacto de Toledo y el Acuerdo social de 1996, en la Ley 24/1997, de 15 de julio.

Es cierto que, con la entrada en vigor de la Ley 2372013, de 23 de diciembre, ya no existe esa garantía legal de actualización de las pensiones conforme a la evolución de los precios, ya que la misma queda condicionada por la evolución económica del sistema de la Seguridad Social, en función del “índice de revalorización de las pensiones”.

-En sus  estudios asegura que con las proyecciones demográficas actuales España tendría que generar once millones de nuevos empleos de aquí a 2050 para absorber el incremento previsto en el número de pensionistas y poder mantener así el nivel actual de las prestaciones. ¿Qué reflexión puede hacer al respecto?

Lo que pone de relieve el informe al que se refiere es que el sistema español de pensiones de jubilación ha de ser reactualizado en sus conformación, ya que resulta complejo que pudiese mantener su configuración actual, considerando los elementos estructurales consistentes, de una parte, en la llegada a la pensión en la próxima década de las generaciones del “baby boom” español y, de otra, el envejecimiento de la población, cuya incidencia conjunta implicará que haya que pagar un mayor número de pensiones y que esas pensiones se perciban durante más tiempo.

Por ello, será preciso que, al margen de los efectos que se vayan produciendo con las reformas incorporadas con la Ley 27/2011 y con el Real Decreto Ley 5/2013, habrá que seguir reflexionando sobre las medidas que habrá que ir incorporando en el sistema de pensiones, para incrementar su grados de viabilidad y sostenibilidad, medidas que no solo tendrán que insistir por el lado del gasto, sino también por el lado de los ingresos, como ya apunta el propio Pacto de Toledo (en la formulación de 2011) y vienen sugiriendo determinados especialistas en esta materia.

Entonces, ¿qué futuro nos estamos jugando?

En España se cuenta con un activo muy importante que viene funcionando desde el año 1995, como es la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, que ha permitido, ya en tres ocasiones (10995. 2003 y 2011) que los representantes de las ciudadanas y ciudadanos hayan acordado (con un amplio margen de coincidencia) diferentes medidas que, al tiempo que han posibilitado una mejora de la cobertura y una racionalización de determinados gastos, se haya incrementado la viabilidad del sistema, por más que en estos momentos estemos viviendo las consecuencias que, en relación con la sostenibilidad del sistema, se derivan de la crisis económica.

Si así se ha logrado en tres ocasiones, no dudo que en la siguiente ocasión también se produzca esa coincidencia parlamentaria sobre las medidas a adoptar. Nos jugamos mucho en esa apuesta, como es la seguridad de los pensionistas en seguir percibiendo sus pensiones, debidamente actualizadas, y la confianza de los actuales cotizantes en que ellos también recibirán sus pensiones cuando lleguen a la edad establecida, de modo que, entre todos, podamos afianzar el “contrato intergeneracional”, en que se asienta no solo el sistema de pensiones, sino todo el sistema de protección social del que hoy disfrutamos